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DesfalcoProfundo: El gran robo de la Reforma Energética de Peña Nieto

Para el nuevo gobierno el NAIM es el ejemplo más claro de la corrupción, pero habrá que ver un poco más abajo, en las profundidades de la tierra Y EL MAR, para descubrir otro desfalco millonario que involucra a la CFE y sus filiales CFEnergía y CFE Internacional

El gobierno de Enrique Peña Nieto utilizó a la CFE para crear una red de gasoductos privados que son construidos a paso de tortuga, están parados o son subutilizados, y que según un reporte interno de propia Comisión, le costará a los mexicanos unos 846 mil millones de pesos que terminarán de pagarse en 2043.

Según datos de Proyectos México, un organismo dependiente de Banobras, a noviembre de 2018, el NAICM significaría una inversión de 195 mil millones de pesos, por lo que los gastos comprometidos en la subutilizada red de gasoductos privados habrían alcanzado para construir al menos cuatro aeropuertos como el cancelado en Texcoco.

Otro ejemplo para dimensionar la profundidad del desfalco es que, hasta diciembre de 2016, se estimaba que la deuda contraída por el llamado Fobaproa rondaba los 900 mil millones de pesos. Es decir, que el escandaloso rescate bancario de Ernesto Zedillo equivale casi a lo mismo que costarán esos gasoductos, por los que pasa todo menos gas.

Además, a eso hay que agregar que las cifras del reporte de la CFE sólo contemplan los costos fijos, faltaría añadir los costos variables, es decir, lo que se terminará pagando por la transportación del gas.

Se trata de al menos 24 contratos celebrados por CFE Energía -empresa privada filial de la CFE creada tras la aprobación de la Reforma Energética- y contratistas privados que de acuerdo con la documentación a la que tuvieron acceso Quinto Poder y Código Magenta, se aprovecharon de convenios hechos a la medida de los prestadores de servicios.

Esos son los llamados “contratos leoninos” a los que ha hecho referencia el presidente Andrés Manuel López Obrador.

En febrero de este año, durante su conferencia matutina, el mandatario acusó que la política neoliberal de gobiernos pasados buscó perjudicar a la CFE, la cual antes proveía el 100% de la energía que consumía el país mientras que ahora sólo produce 50% y empresas privadas producen lo restante con costos más altos.

“Hay siete gasoductos privados sin funcionar y la empresa pública debe pagar a sus propietarios aunque no reciba gas”, detalló López Obrador.

De acuerdo con los documentos en poder de Quinto Poder y Código Magenta, la CFE tiene que pagar a los contratistas el 100% de lo que estipulan los contratos de los gasoductos, aun cuando sólo operan, en conjunto, al 8.18% de su capacidad, según datos a febrero de 2019 confirmados por fuentes de la Comisión que pidieron no ser identificadas.

Esas son las condiciones que aceptó CFEnergía y que otorgaron beneficios a los contratistas, pero tienen a la CFE en una grave crisis financiera.

“De continuarse esos contratos, la CFE está en una posición realmente de quiebra por lo que es necesario hacer una revisión”, señaló en esa misma conferencia Manuel Bartlett, actual director de la CFE.

 

Guillermo Turrent, el hombre a cargo

 

Para la coordinación y desarrollo de dichos contratos fue asignado, en febrero de 2014, Guillermo Turrent Schnaas, entonces Director de Modernización de la CFE, en un oficio firmado por el entonces director de la Comisión, Francisco Rojas.

La justificación de ese proyecto se basó en la “atención a las directrices presidenciales, así como a la reciente reforma energética en materia de uso de combustibles y en particular con la meta esperada para el presente sexenio relacionada con la reducción de las tarifas eléctricas”.

De más está decir que nada de eso se cumplió.

En el 2018 el precio de la luz subió 59% para las industrias en México en términos reales, según un ejercicio elaborado por el diario Reforma.

Además de eso, la mayoría de los ductos que se pactaron no fueron terminados, y los que sí lo hicieron no operan a su máxima capacidad.

Como ejemplo, tan sólo un gasoducto: el marino Texas-Tuxpan, uno de los 23 contratados por la empresa filial de la CFE, tendrá un costo financiero de 192 mil millones de pesos, según las proyecciones de pago de la Comisión.

A eso habría que agregar que para su funcionamiento requiere también de la operación del gasoducto Nueces-Brownsville, en Estados Unidos, contratado a través de CFE International, y que terminará costando otros 42 mil millones de pesos, según las mismas proyecciones de pago.

Serían en total 234 mil millones de pesos por las dos obras.

El gasoducto marino debió haber sido terminado en octubre, fue pospuesto para abril y ahora se prevé que pueda entrar en funciones hasta junio, según versiones de los mismos funcionarios.

A pesar de ello, los contratos obligan a la CFE a pagar aunque las obras estén paradas, inconclusas o carentes de permisos gubernamentales para avanzar, porque así lo estipulan los contratos.

Del gasoducto Nueces-Brownsville, a la CFE no se la ha notificado requerimiento de pago alguno, por lo que se infiere que tampoco ha sido concluido, sin embargo, no hay información oficial de eso, ya que –aunque es una filial- CFE Internacional funciona como empresa privada.

Sin embargo, de acuerdo con información extraoficial, en los pasillos de la Comisión ya se advierte que a principios de abril podría llegar una factura millonaria. De lo que no se tiene conocimiento es a cuánto ascendería.

Todas las bases para la licitación de esos convenios fueron revisadas y avaladas por la Comisión Reguladora de Energía (CRE).

A mediados de febrero, López Obrador acusó a CRE de conspirar en contra de la CFE con las empresas privadas.

“(Los miembros de la CRE) estaban ahí como empleados de los particulares conspirando en contra de la CFE, una empresa pública”, declaró el mandatario durante su conferencia matutina el 11 de febrero de 2019. “Supuestamente era un organismo independiente, sí en efecto, independiente del pueblo, no de los particulares”.

 

Contratos hundidos en irregularidades

 

Pero hay otros dos problemas enterrados en este asunto.

Si todo se resolviera bien y el gasoducto el marino Texas-Tuxpan lograra funcionar en tiempo y forma el gas transportado llegaría a la Termoeléctrica de Tuxpan.

Esta planta, hasta el momento, está imposibilitada para generar electricidad a base de gas, porque no ha sido convertida para ello.

Ahí, se genera electricidad a base de la quema de combustóleo y aunque desde el año pasado se habla de un proyecto para convertirla en una central de ciclo combinado, hasta el momento no hay nada.

El otro problema es que en el proyecto original para la distribución de gas natural, era clave que el gasoducto marino Texas-Tuxpan aprovechara las interconexiones Tuxpan-Tula y Tula-Villa de Reyes, pero ninguno de los dos ha sido terminado. Ambos se encuentran empantanados en problemas legales y de gestión de permisos gubernamentales.

EL GASODUCTO TEXAS-TUXPAN PROMETIÓ UN GRAN DESARROLLO INDUSTRIAL.

A principios del 2018, ambos gasoductos se encontraban detenidos por un amparo conseguido por tres poblaciones indígenas de los municipios de Pahuatlán y Tlacuilotepec, Puebla.

En noviembre de ese mismo año, mediante un comunicado, la empresa TransCanada anunció la suspensión oficial de los trabajos y se dijo a la espera espera de que la Secretaría de Energía concluyera unas consultas indígenas.

“Dadas las circunstancias que prevalecen en el estado de Hidalgo, nuestros proyectos han excedido de manera conjunta nuestro tiempo estimado de construcción por más de 56 meses, así como los costos asociados con estas demoras”, explicó la empresa extranjera.

La fecha programada para el inicio de la operación comercial del gasoducto Tuxpan-Tula, según un cronograma de la CFE, era el 31 de diciembre de 2018. El Tula-Villa de Reyes, el 1 de julio de 2018.

Hasta el momento, ninguno de los dos tiene fecha probable de inicio de operaciones. Pero, dadas las condiciones del contrato, eso no representa un costo para los contratistas.

Al contrario, el tubo Tula-Villa de Reyes, la CFE ya ha pagado 56 millones de dólares por concepto de Caso Fortuito y de Fuerza Mayor, y por el Tuxpan-Tula, ha pagado 37 millones 435 mil dólares: 93 millones 435 mil dólares. Más lo que se acumule.

Porque también así, lo marca el contrato.

“Ninguna de las partes será responsable por el incumplimiento de cualquiera de sus obligaciones, en la medida y por el plazo en que la imposibilidad de cumplimiento de la Parte afectada se deba a Caso Fortuito o Fuerza Mayor”.

En conclusión, hoy pagamos una red de gasoductos en la que pasa de todo, menos gas.

Y porque lo que está enterrado no son sólo los tubos, sino un entramado de complicidades que esconde un jugoso negocio que deja ganancias a todos, menos a los mexicanos.

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