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A 52 años de 1968, en México aún se criminaliza a jóvenes y se tachan de peligrosos: José Ramón Cossío

José Ramón Cossío Díaz, ex ministro de la Suprema Corte de Justicia de la Nación entre 2003 y 2018, presenta Biografía judicial del 68. El uso político del derecho contra el movimiento estudiantil. Ésta es la historia nunca antes contada del proceso judicial contra los implicados en el movimiento estudiantil.

Agencias

Ciudad de México

 

Nació el 26 de julio de 1968 y murió dos años después. Pero en su corta vida, multiplicó la iniquidad y la injusticia, provocó el encarcelamientode decenas de jóvenes y evidenció la saña del Estado. Ésta es la historia, nunca antes contada, del proceso judicial contra los implicados en el movimiento estudiantil del 68.

“Para el Gobierno del Presidente Díaz Ordaz, los jóvenes involucrados en el comunismo eran un peligro. Luego aclararía que “no son malos por sí mismos”, si no que son coptados por grupos cuyos intereses son contrarios a México, los enemigos de la patria, y se aprovechaban de ellos. Me parece que con López Obrador pasa algo similar en el sentido de que ha identificado a las mujeres como personas que no se están subordinando a su modelo de Gobierno, que buscan desestabilizarlo”, opina el autor de Biografía judicial del 68.

Arranca con la apertura de una averiguación previa y expira cuando se dictan las sentencias condenatorias. En esta obra, que marca un parteaguas en los estudios sobre el movimiento estudiantil del 68, el exministro de la Suprema Corte José Ramón Cossío nos entrega una labor realizada por varias décadas: el análisis de los 60 tomos de aquel proceso, y presenta lasevidencias que demuestran los vicios del juicio, las confesiones del ministerio público, las frases autoinculpatorias del juez y las defensas desesperadas de los estudiantes torturados que intentaban evitar Lecumberri.

Te presentamos la entrevista con José Ramón Cossío Díaz, ex ministro de la Suprema Corte de Justicia de la Nación entre 2003 y 2018. Actualmente es miembro y profesor investigador asociado de El Colegio de México, miembro de El Colegio Nacional, profesor de la Facultad de Derecho de la unam y dirige el Instituto para el Fortalecimiento del Estado de Derecho, A.C. Además, es columnista en los periódicosEl País y El Universal, así como colaborador regular de la revista Proceso. Ha escrito 28 libros, el más reciente,Voto en contra (Debate, 2018).

 

***

—La premisa del libro se teje en torno al “uso político del derecho contra el movimiento estudiantil”. ¿Nos podrías plantear a grandes rasgos a qué te refieres con esto?

—El derecho tiene una racionalidad y tiene categorías que se establecen a partir de las normas juríridicas, en las cuales estableces qué es un delito, quién es responsable de ese delito, cuántos años de prisión corresponden a ese delito y qué otras sanciones se van a imponer por él. También existe un proceso, en el cual vas teniendo momentos continuados para saber en dónde comienzas a actuar, qué sigue después, hasta llegar a una sentencia. Pero estos procesos no se pueden llevar a cabo como tú quieras porque estás, insisto, reglados. En 1968, los procesos penales estaban claramente reglados. Para comprobarse la existencia del delito y que una persona era responsable, tenías que hacer ciertas cosas.

Lo que yo encuentro en el libro es que, en ningún caso se satisfacieron estas condiciones. Las detenciones fueron irregulares en la mayoría de los casos, los delitos no se demostraron, la presunción de inocencia no se respetó. Me parece que hubo un uso integral del derecho y del Estado para un fin político, dada la relación entre la policía, el Ministerio Público, el juez, los medios de comunicación, la opinión pública, lo cual se demuestra en el libro.

 

—A 52 años del movimiento estudiantil, ¿qué ha cambiado de la actitud del Estado mexicano hacia los jóvenes y sus causas? ¿Qué sigue resonando del horror del 68 a la distancia?

—Creo que sí ha habido cambios; tenemos un sistema más robusto de derechos humanos y jurídicamente los jóvenes se han autonomizado. Ellos ya no son sólo los hijos de sus padres, ya no son esas personas a las que se les trataba distinto, desde el punto de vista jurídico y social. Creo que esto fue precisamente uno de los efectos del 68, rompió las formas entre padres y hijos, alumnos y maestros. Todas estas relaciones se han modificado y también se han establecido nuevos derechos humanos, nuevos organismos, nuevas formas de ver a los jóvenes como una construcción general.

 

Desde el punto de vista de los procesos, desafortunadamente los jóvenes siguen siendo identificados por el derecho como una categoría peligrosa. En ese entonces, el Estado los calificaba como jóvenes subversivos, peligrosos, que querían imponer en México doctrinas extranjeras.Hoy creo que los jóvenes están siendo caracterizados como personas que pueden estar vinculados con la delincuencia. En ese sentido, las feministas desafortunadamente están siendo descalificadas como mujeres que quieren desestabilizar las relaciones sociales o que incluso quieren atacar o afectar al Estado.

Creo que los jóvenes ahora siguen estando clasificados como sujetos que la sociedad no sabe qué hacer con ellos. Eso creo que es semejante al 68. aunque ya no vivimos en el contexto de la Guerra Fría, la forma de clasificación a los jóvenes sigue siendo una potente categoría social de maltrato. En el caso de Ayotzinapa, de Acteal, de Atenco… En todos esos casos el Estado buscó utilizar el derecho para deshacerse de los enemigos políticos o justificar su propia incapacidad y pericia.

 

—¿Consideras que el actual Gobierno es un cambio de paradigma frente a ese viejo sistema judicial que convalida la represión? Pienso por ejemplo en las recientes marchas de mujeres…

—Creo que cada Gobierno se hace sus fantasmas. Para el Gobierno del Presidente Díaz Ordaz, los jóvenes involucrados en el comunismo eran un peligro. Él cuando da el informe del primero del 1 de septiembre del 68 dice que hay “buenos jóvenes” y “malos jóvenes”. Que los “buenos”, son aquellos que estudian y hacen deporte, y los “malos” eran todos aquellos que estaban en el movimiento. Y luego aclararía que “no son malos por sí mismos”, si no que son coptados por grupos cuyos intereses son contrarios a México, los enemigos de la patria, y se aprovechaban de ellos.

 

Me parece que con López Obrador pasa algo similar en el sentido de que ha identificado a las mujeres como personas que no se están subordinando a su modelo de Gobierno. Y si te fijas, en varias ocasiones el Presidente ha dicho que el movimiento de las mujeres y sus demandas son buenas, pero que desafortunadamente están siendo manipuladas y se han infiltrado enemigos de su Gobieno para tratar de desestabilizarlo. De esta forma, los gobiernos se hacen representaciones de los colectivos y de ciertas personas para atribuirles una condición de adversario.

El Presidente reconoce que hay legítimas demandas, pero no se ha dado cuenta de que hay un modelo distinto de protesta de parte de las mujeres y que ellas no están de acuerdo con el modelo establecido, evidentemente patriarcal, donde sólo el líder del Ejecutivo sabe, sólo él dirige y determina. En eso veo una correlación en cómo Ordaz veía el 68, pues sólo él y su gabinete determinaban qué le convenía a los jóvenes para no caer en la tentación ideológica y asociarse con regimenes autoritarios como el cubano, el chino o el soviético de auquellos años.

—Siendo exministro de la Suprema Corte, tienes un amplio conocimiento de las leyes. ¿Qué te motivó a abordar este tema desde el enfoque del derecho? Una mirada que hacia falta en los estudios sobre el 68…

 

—Justamente eso, la ausencia. Yo había leído muchos libros sobre el 68 y encontré este título muy interesante del Fondo de Cultura Económica: El 68 y sus rutas de interpretación, de Héctor Jiménez Guzmán. Lo que hace es un análisis exhaustivo desde la mirada de la literatura, sociología, política, y trata de hacer una compilación de todas están claves.

Entonces me di cuenta de que nunca se había hecho una investigación, amplia y detallada, sobre este tema. A mí me parece que si el Estado tiene que formalizar su actuar, primero en averiguaciones previas y luego en un expediente judicial, es obvio que ahí van a quedar huellas de lo que el Gobierno de entonces quería hacer respecto al movimiento.

Lo voy a poner de otra forma: Supongogamos que yo te quiero acusar a ti penalmente de algo. Te tengo que construir una imagen, saber qué voy a decir de ti, qué parte de tu vida personal voy a sacar o qué parte no. Al irte construyendo así para un expediente, irán implícitos también mis prejuicios, mi ideología, mi forma de ver el mundo, y eso es lo que va a quedar marcado. Si yo al conocer a una persona me fijo más en elementos morales, intelectuales, físicos, estéticos, estoy demostrando con esa elección y esa forma de proceder lo que yo tengo dentro de mi cabeza.

 

Esto último es lo que yo quería mostrar: qué tenía el Gobierno en “la cabeza” cuando decidió procesar a estos jóvenes. De qué los estaba acusando, qué le estaba asustando al Gobierno. A final de cuentas lo que tenía el Gobierno era gran temor de los comunistas, del movimiento estudiantil, de los jóvenes en un proceso ciudadano y democrático. Eso me parece un tema central de este trabajo.

—Realizaste un análisis de los 60 tomos de aquel proceso, con evidencias que demuestran los vicios del juicio, las confesiones del ministerio público, las frases autoinculpatorias del juez y las defensas de los estudiantes torturados que intentaban evitar Lecumberri… Cuéntanos sobre el proceso de investigación. ¿Cuánto tiempo te tomó? ¿Cómo fue el proceso de escritura en general?

—Fue un proceso muy largo, fueron efectivamente muchos tomos que no están ordenados perfectamente en secuencia, y esa era una de las desventaja y absurdos del anterior sistema penal porque se iban acumulando constancias al tiempo que iban llegando, por lo que una información que debía presentarse al principio podía aparecer después por cuestiones de “logística”. Entonces hay que encontrar toda la narrativa, hacer la reconstrucción, lo cual es un proceso complejo.

Otra cosa muy difícil es dar por hecho que con las acusaciones que estaban haciendo, ya suponía la presunción de delitos. Álbumes fotográficos, artículos del periódico, informes dados por la policía de manera muy desordenada, etcétera. Todo esto debo confesar que me generó un inquietud. Me pregunté ¿de verás pensaban que con esto podían procesar y sentenciar a todas estas personas?

En tercer lugar, fue un reto la poca capacidad de aportar pruebas al expediente, que realmente es pobre. Eso sí me fue llamando mucho la atención. Y la otra cosa es que son muchas personas, con muchas declaraciones a lo largo de dos años (de julio del 68 a noviembre del 70), y es un montón de información. Fue un trabajo muy complejo de ir ordenando, analizando, estableciendo parámetros.

Muy al principio quería escibir una novela, algo como Anatomía de un instante, de Javier Cercas, sobre el golpe de Estado de 1981 conocido como 23F, que dio Antonio Tejero Molina en el Congreso de los diputados en España. Comprobé que no tengo ninguna capacidad de novelista y cuando pensé hacer algo como un ensayo interpretativo tampoco funcionó. Finalmente lo que hice fue “dejar que el expediente hablara”, más que yo imponerme sobre él.

 

—Un mensaje final como invitación a este libro y en memoria de este hecho histórico que marcó para siempre la vida nacional…

—A mí me gustaría que las personas lo leyeran para que se den cuenta qué es lo que sucede cuando la policía, el Ministerio Público, los jueces, los políticos y los medios de comunicación se unen y están de acuerdo en el proceso histórico. Si todo el mundo tiene una misma hipótesis, una misma teoría y no hay pensamiento crítico y posibilidad de entrar por distintos lados, lo que se genera es lo que pasó en el 68: una acumulación de absurdos a partir de un acto político, que terminó utilizando e instrumentalizando al derecho para detener, para frenar al pueblo. Debemos evitar que estos hechos que tuvieron una repercusión enorme en la vida nacional se vuelvan a reproducir.

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