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Atan autónomos a austeridad; “INE, vergonzosamente encabeza litigios en la Corte”

CIUDAD DE MÉXICO.

Al señalar que el desprestigio de los órganos autónomos se originó cuando sus integrantes defendieron más sus salarios que las causas para las que fueron creados, el coordinador de Morena en la Cámara de Diputados, Mario Delgado Carrillo, considera que su permanencia resulta viable si asumen la austeridad republicana que todas las instituciones del Estado deben cumplir.

El jefe de la mayoría legislativa en San Lázaro consideró que aún es necesario reducir el costo del Instituto Nacional Electoral (INE) y cuestionó la reacción que sus consejeros tienen frente a esa posibilidad.

“En cuanto se les quiere revisar siempre asustan con el petate de que se está poniendo en riesgo la democracia. Y de ninguna manera se va a poner en riesgo la democracia si tenemos una institución más austera”, sostuvo.

“El INE es una de las instituciones que vergonzosamente encabeza litigios en la Corte para defender que ellos tienen que ganar más que el Presidente de la República. Y los consejeros se han distinguido por defender más su salario que el respeto del voto de la gente”, cuestionó Delgado Carrillo.

Cuestionado sobre la iniciativa de reducir el número de integrantes del Consejo General del INE que legisladores de su bancada han formulado, el jefe de la diputación morenista aclaró que, si bien esta medida no resulta necesaria, existe la posibilidad de concretarla, aun cuando su aplicación se haría hasta el 2024.

Respecto de la vigencia del Instituto Nacional de Acceso a la Información y Datos Personales (Inai) y si requiere ajustes legislativos, el también presidente de la Junta de Coordinación Política (Jucopo) de San Lázaro comentó:

“Creo que el Inai todavía debería quedarse, porque apenas nos estamos formando una cultura de transparencia. Y ojalá lleguemos a un punto donde el Instituto tenga que desaparecer, en un mediano plazo, una vez que se logre ese objetivo y contemos con cultura de la transparencia. Este gobierno tiene ese propósito: que haya una rendición de cuentas plena”.

Delgado Carrillo se pronunció a favor de aumentar las facultades de la Comisión Federal de Competencia (Cofece), a fin de que tengan los instrumentos “para desmantelar los muchos mercados monopólicos que todavía existen en México. Necesitamos ir a una economía de verdadera competencia económica y no una de amiguismos y compadrazgos, como ha existido en el pasado”.

Detalló que la Cofece tiene entre sus tareas la de estudiar los mercados y entregarle a la Cámara de Diputados los insumos necesarios para legislar en contra de malas prácticas o monopolios.

Interrogado sobre si la Conapred debe desaparecer como lo sugirió el presidente López Obrador, Delgado Carrillo planteó que lo importante es preservar una política pública transversal para prevenir la discriminación. “El gobierno tiene la libertad de ejecutar esta política o de llevarla a cabo como mejor crea que pueda dar más resultados. Puede existir o no el Conapred. Lo que no puede ponerse en duda es que exista una política de Estado para erradicar cualquier tipo de discriminación”, planteó.

Lamentó que no todos los organismos autónomos entendieron la importancia de aplicar la austeridad, recurriendo incluso a la Corte para pelear su salario.

“Durante años se confundió el tema de la autonomía con el derecho a tener el presupuesto que se quisiera y ganar lo que se quisiera. Se malentendió el tema de la autonomía política y técnica con un abuso de los recursos”, dijo.

“En la Cámara establecimos que la austeridad aplicaba para todos y ahí empezó una defensa de recursos y privilegios más que de la autonomía técnica o política. Una vez que estos órganos autónomos entiendan que no son ajenos a la política económica del Estado, porque no puede ser que el país tenga un apuro fiscal o una emergencia económica y ellos no participen dentro del esfuerzo que a todos nos corresponde.

“Si se entiende bien la autonomía, no como una isla de excesos y privilegios, entonces se entendería mejor la importancia de su labor y no más como un coto de privilegios.

“Una vez de que cumplen con la medida de que nadie gana por encima del Presidente de la República y tienen presupuestos austeros, lo suficiente para cumplir con su función, sin abusos ni privilegios, creo que los organismos deberían de quedarse”, sostuvo.

Sostuvo que el presidente López Obrador está haciendo también una revisión importante en el interior de la administración tanto a fideicomisos como organismos de la administración pública. “El gobierno tiene la libertad de crear nuevos o desaparecer los existentes.

“Pero los autónomos que tienen su propia ley y una función de regular algún sector de la actividad del país, creo que deberían prevalecer”, concluyó.

“Cuidado con quitar árbitros”

“Comparto la tesis presidencial de que los órganos constitucionalmente autónomos tienen que presentar esquemas nuevos de eficiencia en épocas de austeridad, pero ésta no es equivalente a extinguirlos, ni siquiera por inanición”, advierte el constitucionalista Héctor Gutiérrez de la Garza.

Exdiputado del PRI y protagonista del proceso que en el sexenio anterior dio paso a la conformación de órganos reguladores y legisló sobre algunos autónomos, plantea que éstos fueron creándose para garantizar los pesos y contrapesos que el equilibrio de poderes necesita y profesionalizar tareas que antes fueron del Ejecutivo federal, permitiéndole entonces ser juez y parte.

Recuerda que la Corte los ha definido como instancias con sustento en la Constitución, que deben coordinarse con los demás poderes, sin ser subordinados de ninguno, ya que cuentan con autonomía y con independencia funcional y financiera.

“¿Por qué esa obsesión del Ejecutivo a desaparecer o restarle poder a los órganos constitucionalmente autónomos? Porque sus funciones eran, en el pasado, ejercidas por el Poder Ejecutivo”, explica.

Detalla que esas tareas se fueron especializando y atribuyendo a instancias autónomas constitucionales para una mejor funcionalidad y para evitar excesos del Ejecutivo.

Dice que en el caso de la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH), que revisa la labor del Poder Ejecutivo, no podía ser parte de éste. Como tampoco la tarea del arbitraje electoral que ahora ejerce el INE.

Tampoco el Banco de México ni el Inegi, siempre ligados por la información que éste proporciona.

Enfatiza que lo mismo sucede con las decisiones que deben tomar el Instituto Federal de Telecomunicaciones y la Comisión de Competencia Económica.

Explica que, en cuanto al Coneval, destinado a medir la pobreza, también se requería evitar sesgos en el manejo de la información. Y lo mismo sucede con el Inai.

“Y a pesar de que no le gusta al Presidente de la República, la Comisión Nacional de Hidrocarburos, la Comisión Reguladora de Energía, y el Centro Nacional de Control de Energía (Cenace) están en la Constitución. Si bien en la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal son parte de la administración pública central, su soporte es constitucional.

“De manera que para poderlos desaparecer, se requiere de reforma constitucional, como lo hicieron con el Instituto Nacional de Evaluación Educativa (INEE)”, enfatiza.

Plantea que con los organismos descentralizados el Ejecutivo puede enviar modificaciones que serían aprobadas por mayoría simple: “Pero hay que tener mucho cuidado, porque algunos organismos devienen de acuerdos internacionales como es el caso de la Comisión de Apoyo a Víctimas del Delito o el Conapred”, alerta.

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