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Cofepris reconoce que el agua del río Sonora está contaminada

La Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios (Cofepris) confirmó a través de una carta enviada a siete comunidades del Río Sonora, afectadas por el derrame minero provocado por Grupo México en 2014, que existe una alta concentración de arsénico y plomo en los pozos que utiliza la población para el consumo humano, la agricultura y la ganadería. El documento, por lo tanto, da la razón a los habitantes del río Sonora que llevan seis años peleando porque se haga justicia. “[El agua contaminada] representa un riesgo a la salud de la población”, reza el escrito de Cofepris. El vertido tóxico de la mina Buenavista del Cobre, en Sonora, es considerado el mayor desastre de la minería en México: afectó a más de 20.000 personas y se extendió a lo largo de 250 kilómetros hasta Hermosillo, capital de Sonora.

El 6 de agosto de 2014, Grupo México, la minera más importante del país y la tercera productora de cobre más grande del mundo, vertió 40 millones de litros de sulfato de cobre a los ríos Sonora y Bacanuchi. En el lugar del desastre hoy se levanta una megapresa de desechos tóxicos que la minera construyó un año después con el permiso de las autoridades bajo una normativa medioambiental laxa. Desde entonces, los habitantes del río Sonora no han hecho más que luchar contra el gigante minero para defender sus vidas y su territorio, llevando su caso hasta la Suprema Corte de Justicia.

En el documento, Cofepris explica a los Comités de Cuenca del Río Sonora que en el 98,85% de los pozos y hogares donde se tomó el muestreo de agua, se han encontrado concentraciones de metales pesados -arsénico y plomo- superiores a las permitidas por la normativa sanitaria de México. “A pesar de la evidencia, ni la Cofepris ni las demás dependencias responsables, como la Comisión Estatal de Protección Contra Riesgos Sanitarios del Estado de Sonora (Coesprisson), la Comisión Nacional del Agua (Conagua) y las autoridades de los siete municipios, han desarrollado acciones para alertar a la población y menos para dar solución inmediata a esta emergencia sanitaria”, señalan los Comités de Cuenca a través de un comunicado difundido por la organización PODER.

Mina de Buenavista del Cobre, propiedad de la empresa Grupo México.© Teresa de Miguel (EL PAÍS) Mina de Buenavista del Cobre, propiedad de la empresa Grupo México.“De acuerdo con las Guías de Calidad del agua de la Organización Mundial de la Salud, la exposición a algunos agentes patógenos y elementos químicos a través del uso y consumo de agua de consumo humano puede producir enfermedades graves”, menciona el Comisionado Federal para la Protección de Riesgos Sanitarios, José Alonso Novelo Baeza, en el documento. Después de la inacción de administraciones pasadas, el comunicado devuelve algo de esperanza -aunque no la suficiente- a los habitantes del río Sonora, que llevan más de seis años con miedo a algo tan cotidiano como abrir la llave para cocinar o bañarse.

Novelo señala que de acuerdo a la Constitución y a las atribuciones de los tres niveles de Gobierno, se ha notificado a las autoridades municipales y a la (Comisión Nacional del Agua) Conagua que se lleven a cabo “las acciones necesarias”, sin embargo no especifica ni en qué fechas ni en qué plazos se llevarían a cabo. Este diario se puso en contacto con la Cofepris para conocer de qué se tratarán esas acciones. “La Cofepris trabaja con diligencia en este asunto y por el momento, no se tienen comentarios al respecto”, respondió la dependencia.

“Mi hijo tiene plomo en la sangre y no nos dicen nada”, contaba Marisol Pacheco a EL PAÍS en 2019. Desde que sucedió el derrame, los niveles de plomo en la sangre de su hijo aumentaron un 73% y rozan cifras de riesgo para el desarrollo del pequeño, según lo establecido por la Organización Mundial de la Salud (OMS). Los especialistas sanitarios que pagó la minera para atender a la población les dijeron a los pobladores que ya no había contaminación y que el agua era potable, “yo les ofrecí un vaso cuando vinieron a hacer las tomas y no quisieron, ¿por qué?”, relataba Pacheco desde el pueblo de Bacanuchi.

Antonio Romo, químico de la Universidad de Sonora, insiste en que la contaminación no se ha ido del río, sino que se ha adentrado en el subsuelo y permanece en los pozos y los acuíferos. “Aunque vean el agua transparente puede haber altos niveles de metales en ella. Tienen un efecto dañino para la salud por acumulación, llega un momento en que las células colapsan y es cuando aparecen las enfermedades, el cáncer. Eso podría pasar dentro de cinco o 10 años”, explica el especialista. “Mientras hacen planes y nuevos muestreos, mientras se lavan las manos entre instituciones, se nos va la vida. El Gobierno nos está dejando morir envenenados”, dice José Manuel López, habitante de San José de Baviácora.

Las organizaciones de la sociedad civil reclaman a las autoridades sanitarias medidas claras y plazos concretos. Que se cierren los pozos contaminados y se abran otros nuevos, instalación de plantas potabilizadoras que filtren los metales pesados y que se tome en cuenta la participación de las personas afectadas. “¿Qué tiene que pasar para que las autoridades hagan algo? Ahí están los datos, desde hace más de un año, desde hace seis años, tras el cochinero que dejó Grupo México, y ahora los datos nuevos que vienen a decirnos lo que ya sabemos: el agua que tomamos nos está envenenando y las autoridades no hacen nada concreto para evitarlo. La indiferencia de los tres niveles de Gobierno es la que nos va a matar”, concluye Ramón Miranda, integrante de los Comités de Cuenca en Aconchi.

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