Avance

Estados resentirán fin de fideicomisos

40 de 109 fondos alivian las finanzas locales

De 68 mil 400 mdp que el gobierno federal prevé obtener con la extinción de 109 fondos, en 24 mil mdp están involucrados recursos locales, advierte la Alianza Federalista

CIUDAD DE MÉXICO.

Las finanzas estatales serán otra víctima del fin de 109 fideicomisos y fondos.

De acuerdo con un análisis de la Alianza Federalista, el grupo de diez mandatarios que se separó de la Conago, al menos 40 de esos instrumentos financieros pueden ser usados en distintos rubros del gasto local, pero al eliminarse comprometen las economías estatales.

De los 68 mil 400 millones de pesos que el gobierno federal prevé obtener por desaparecer los fideicomisos, en 24 mil 500 millones, el 35.8%, están involucrados fondos estatales por convenios de coparticipación o porque la consecuencia de su extinción requerirá, en algún momento, la intervención de los gobiernos locales.

Entre éstos se encuentran 23 fondos mixtos con el Conacyt y 12 de Fomento a la Investigación Científica y Tecnológica.

La Alianza Federalista se reunirá el próximo lunes en Aguascalientes para analizar una defensa jurídica de los fideicomisos extintos.

 

GOLPE A FINANZAS DE ESTADOS

La desaparición de 109 fideicomisos aprobada por la Cámara de Diputados impactará negativamente las finanzas de los estados, advierte la Alianza Federalista.

De acuerdo con un análisis previo del grupo de 10 mandatarios que se separó de la Conferencia Nacional de Gobernadores (Conago), las finanzas estatales se afectarán por la desaparición de por lo menos 40 de los 109 fideicomisos.

De los 68 mil 400 millones de pesos que el gobierno federal prevé obtener de los fideicomisos que desaparecerán, en 24 mil 500 millones de pesos, es decir, 35.8%, también están involucrados fondos estatales por convenios de coparticipación o porque la consecuencia de su desaparición requerirá, en algún momento, la intervención de los gobiernos estatales.

El secretariado técnico de la Alianza Federalista inició los trabajos de la nueva agrupación de gobernadores para impulsar la agenda federalista y reforzar la estrategia para reposicionar la propuesta sobre un nuevo pacto fiscal para redistribuir los recursos en beneficio de los estados.

En este contexto, se realizó un primer balance sobre la cancelación de los fideicomisos que avaló la Cámara de Diputados y que ahora está a discusión en el Senado de la República y se estimó que aproximadamente son 40 los fondos que afectarán a los estados.

Entre los fideicomisos considerados se encuentran los 23 fondos mixtos entre el Conacyt y los gobiernos estatales y algunos municipales; así como los 12 fondos mixtos de Fomento a la Investigación Científica y Tecnológica Conacyt con administraciones locales.

En esta misma situación se encuentra el Centro de Investigación en Matemáticas, que involucra cinco millones 541 mil 495 pesos y también combina recursos federales y estatales.

Indican que otros fideicomisos que impactarán las finanzas de los estados, aunque todavía no pueden precisar el alcance son, por ejemplo, el Fondo Metropolitano, el Fondo para el Desarrollo de las Zonas de Producción Minera, el Fondo para el Cambio Climático y el Fideicomiso Programa de Mejoramiento de los Medios de Informática y Control de las Autoridades Aduaneras, que en conjunto involucran 13 mil 400 millones de pesos.

Aunque en el caso del Fondo de Desastres Naturales (Fonden), que representa seis mil 800 millones de pesos, se supone que los estados contarán con el apoyo de la Secretaría de Gobernación, señalan que ante una tragedia que se presente, en primera instancia, si no llegan los recursos de la Federación, los estados serán los que tendrán que responder.

La Alianza Federalista se reunirá el próximo lunes en Aguascalientes para analizar la defensa jurídica que pueden realizar de los fideicomisos y para ello buscarán la asesoría del exministro de la Suprema Corte de Justicia, José Ramón Cossío, y otros expertos.

Los 10 gobernadores que forman esta organización ya solicitaron una reunión con la secretaria de Gobernación, Olga Sánchez Cordero, y con el secretario de Hacienda, Arturo Herrera, para tratar el tema de la Convención Nacional Hacendaria y el presupuesto para 2021, el cual también revisarán en la Cámara de Diputados.

Los gobernadores que integran la Alianza Federalista son:

De Chihuahua, Javier Corral; Durango, José Rosas Aispuro; Jalisco, Enrique Alfaro Ramírez; Michoacán, Silvano Aureoles Conejo; Tamaulipas, Francisco Javier García Cabeza de Vaca; Colima, José Ignacio Peralta Sánchez; Coahuila, Miguel Ángel Riquelme Solís; Nuevo León, Jaime Rodríguez Calderón; Guanajuato, Diego Sinhue Rodríguez Vallejo y de Aguascalientes, Martín Orozco Sandoval.

 

 

EL INEGI CONFÍA EN QUE NO DESAPAREZCA FONDO CON CONACYT

El director del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi), Julio Santaella, deseó que los fondos del fideicomiso Inegi-Conacyt no desaparezcan, aun cuando los legisladores aprueben la extinción de 109 fideicomisos.

Explicó que ese fondo se constituyó casi una década atrás con 50 millones de pesos, que hasta el momento han financiado 49 proyectos con el propósito de involucrar a la academia en proyectos de investigación en materia de información estadística y geográfica, programas de capacitación y para fortalecer la generación de estadísticas e información.

A lo largo de estos años dio resultados, se rindieron cuentas, se tiene toda la documentación del uso de recursos. Lo que hemos manifestado es que esperamos fuertemente que esta desaparición del fondo no signifique que los fondos destinados a la investigación científica en estadística y geografía se vayan a reducir en adelante. Para nosotros es importante, tenem<os el mandato de fomentar la cultura estadística”, dijo Julio Santaella.

Pidió que se mantenga el presupuesto que solicitó el Inegi para 2021 para cumplir con sus estudios, ya que por el recorte en los recursos para 2020, por ejemplo, no se pudo hacer el Censo Agropecuario y para 2021 se estaría levantando la Encuesta Nacional Sobre la Dinámica de las Relaciones en los Hogares, que se convertirá en el principal vehículo para captar información sobre la violencia contra de las mujeres y el impacto durante la pandemia.

– Aurora Zepeda

 

PIDEN SE MANTENGA PROGRAMA DE INCLUSIÓN

Tras advertir que el promedio de escolaridad de las y los jornaleros agrícolas migrantes de 15 años es de 4.5 años, en comparación con la media nacional de 8.1, organizaciones de la sociedad civil pidieron a la Cámara de Diputados hacer una revisión sobre la desaparición del Programa de Inclusión y Equidad Educativa (PIEE) en el Proyecto de Presupuesto de Egresos.

En una carta dirigida a las diputadas Adela Piña y Martha Hortencia Garay Cadena quienes presiden la Comisión de Educación y de Atención a Grupos Vulnerables, respectivamente, advirtieron sobre el impacto del recorte a los programas educativos para niñas, niños y adolescentes migrantes jornaleros.

Las organizaciones destacaron que el PIEE incluye la atención educativa de las infancias agrícolas migrantes, por lo que su eliminación implica impedir el acceso a la educación y participación contemplados en la Ley General de Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes.

Según la última información estadística disponible, alrededor de 60% de los jornaleros agrícolas son originarios de localidades de alta o muy alta marginación, cerca de 40%  pertenece a una comunidad indígena, lo que los motiva a salir de sus lugares de origen para laborar por temporadas como jornaleros y jornaleras agrícolas, llevando con ellos a sus hijos menores.

Además de las condiciones económicas y laborales, otro de los factores que obstaculizan la entrada y permanencia de los niños, niñas y adolescentes  en el Sistema Educativo Nacional (SEN) se refiere a la falta de disponibilidad de servicios educativos, de oportunidades y de atención por parte de figuras educativas con formación o experiencia profesional suficiente, así como la carencia de mobiliario y condiciones adecuadas para el aprendizaje en sus escuelas”, alertan en la misiva.

En este contexto plantean que la desaparición de un programa educativo específico para atender a las infancias indígenas jornaleras agrícolas migrantes, quienes históricamente no han tenido acceso al ejercicio de sus derechos, entre ellos el derecho a la educación,  les coloca en contextos vulnerabilizados y las pone en una situación aún de mayor riesgo.

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