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Jueces hicieron 300 pedidos de seguridad sólo en 2019

A los trabajadores del Poder Judicial les entregaron vehículos blindados y personal de protección, según un informe

CIUDAD DE MÉXICO.

De acuerdo con el más reciente informe el Poder Judicial de la Federación (PJF), tan sólo en el 2019 fueron analizados más de 300 casos relacionados con peticiones de seguridad y protección a jueces y juezas mexicanos.

La comisión de vigilancia del Consejo de la Judicatura Federal (CJF) y su Secretaría Ejecutiva, analizaron un total de 303 asuntos relativos a situaciones de riesgo de los funcionarios originadas a partir de su ejercicio jurisdiccional y tras someterlos a estudio, en 42 de los casos se resolvió imponer medidas de seguridad en favor de los servidores públicos.

Sin especificar si se trató de juez de distrito o magistrado, las asignaciones consistieron en proporcionar  11 vehículos blindados; ofrecer 12 servicios de protección personal, así como entregar en 11 casos prendas de protección personal  y en otros 8 asuntos brindar medidas de seguridad provisionales.

Mientras tanto, el mismo informe rendido a finales del año pasado por el presidente  del Consejo  de la Judicatura Federal, Arturo Zaldívar  Lelo de Larrea se detalló que durante el 2019 en 145 casos previamente iniciadas, las medidas de seguridad concluyeron.

En cuanto al Centro de Atención de Solicitudes en materia de Seguridad (CASS), el último informe de labores del presidente del Consejo de la Judicatura detalló que se atendieron “en forma inmediata” 124 peticiones —presentadas electrónicamente— vinculadas a la seguridad de los servidores públicos adscritos principalemte a centros de justcia penal federal.

De las 124 solicitudes en 108 se autorizaron, en se realizaron  aclaraciones, en 7 se trató  de notificaciones y en otras 4 se emitieron diversos criterios.

Cabe destacar que la comisión de vigilancia del Consejo de la Judicatura es el órgano encargado de supervisar la vigilancia de los órganos jurisdiccionales, tomar las medidas que garanticen la autonomía de los tribunales y juzgados, así como instruir investigaciones en materia de responsabilidad administrativa.

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