Avance

Liberan al “Gil”, vinculado al caso de Ayotzinapa

El juez desestimó 81 pruebas presentadas por la entonces PGR para y con base en el resto de evidencia, se ha considerado que no había elementos para condenarlo

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Conocido con el apodo de el “Gil”, a López Astudillo lo consideraban las autoridades como un personaje que jugó un rol central en la desaparición de los estudiantes la noche del 26 de septiembre del 2014, en Iguala, en Guerrero.

El juez desestimó 81 pruebas presentadas por la entonces Procuraduría General de la República (hoy Fiscalía) y con base en el resto de evidencia, se ha considerado que no había elementos para condenarlo.

El “Gil” había sido señalado como el vínculo entre la directiva de los Guerreros Unidos y sus bases en la región de Iguala y fue quien supuestamente dio aviso al líder de esta banda de la presencia de los estudiantes la noche de su desaparición.

En un mensaje de texto que presuntamente envió a su jefe, Sidronio Casarrubias, el “Gil” dijo que nunca encontrarían a los estudiantes porque los habían convertido en polvo.

La decisión de juez cierra el expediente de acusaciones contra “el Gil”, quien fue liberado el sábado pasado del penal de alta seguridad de El Antiplano, confirmó el medio Vanguardia.

Con la liberación de López Astudillo, suman ya 44 los acusados que han sido liberados por su vinculación con el caso de Ayotzinapa, por cargos sustentados en lo que el gobierno del presidente Enrique Peña Nieto defendió como la verdad histórica.

En el caso de Ayotzinapa no hay ninguna persona sentenciada.

El actual gobierno ha reabierto el caso y se ha establecido una Comisión Especial para su investigación.

Según esa versión, los estudiantes de Ayotzinapa fueron detenidos la noche del 26 de septiembre por policías del municipio de Iguala, quienes los entregaron al grupo criminal Guerreros Unidos, que los asesinaron e incineraron para después tirar sus restos a un río de la zona.

Un Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI) nombrado por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos estuvo un año investigando el caso y sostuvo la imposibilidad de que los 43 cuerpos fueran quemados en el vertedero, desveló fallas en las pesquisas y sacó a la luz que parte de la versión oficial se basaba en testimonios de detenidos torturados

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