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Ni Covid-19 detiene a talamontes que operan en reserva ecológica

En las acciones realizadas en el mes de abril, que apenas se reportan, hubo tres personas detenidas por tala ilegal de pino en la Reserva de la Biosfera Sierra de Manantlán, Jalisco

Agencias
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CIUDAD DE MÉXICO.

 

En apoyo de la Fiscalía General de la República (FGR), la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (Profepa) emitió dictámenes periciales en Jalisco sobre tala ilegal de pino en la Reserva de la Biosfera Sierra de Manantlán, en plena pandemia de Covid-19.

Lo anterior como resultado de operativos de la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena), en los que se halló afectación por derribo y aprovechamiento de arbolado, así como un patio de almacenamiento con madera en rollo localizada en cuatro camiones con placas de Michoacán y Jalisco.

 

En las acciones realizadas en el mes de abril, que apenas se reportan, hubo tres personas detenidas que fueron presentadas junto con lo asegurado ante el Ministerio Público de la Federación.

En un comunicado de prensa, la Profepa detalló que la tala de mil 844.6 metros cúbicos de madera, se realizó sin autorización de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat).

 

Agregó que en el lugar se encontraron 198 piezas de madera en rollo de pino con 78.49 metros cúbicos y 245 piezas de pino con un volumen de 105.02 metros cúbicos.

Destacó que los presuntos responsables podrán hacerse acreedores a multas que van de 100 a 20 mil veces la Unidad de Medida y Actualización (UMA) vigente, que va de ocho mil 688 pesos a un millón 737 mil 600 pesos, respectivamente, de conformidad con lo señalado en el artículo 157, fracción II, de la Ley General de Desarrollo Forestal Sustentable.

 

Además de que el Código Penal Federal establece en su artículo 418, I y II, que se impondrá pena de seis meses a nueve años de prisión y por el equivalente de 100 a tres mil días multa al que ilícitamente desmonte o destruya vegetación forestal.

Corte, arranque, derribe o tale algún o algunos árboles, así como que la pena de prisión deberá aumentarse hasta en tres años más y la pena económica hasta en mil días multa, para el caso en el que las conductas referidas afecten un área natural protegida.

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