Avance

Senadoras de Morena buscan aborto seguro

Las comisiones unidas para la Igualdad de Género, Salud y Estudios Legislativos, acordaron este lunes enviar a Parlamento Abierto la discusión sobre derechos reproductivos.

Durante una sesión virtual, las legisladoras de la bancada de Morena detuvieron el debate sobre la iniciativa del acceso al aborto seguro en todo el país, con el objetivo de integrar las opiniones de diferentes grupos de la sociedad civil en Parlamento Abierto, cuya celebración se realizará la próxima semana.

Las senadoras que votaron a favor de aplazar la discusión sobre las modificaciones propuestas para las leyes generales de Salud, de Educación, de Población, de Derechos de Niños y Adolescentes, y de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, fueron Soledad Luévano (Morena), Martha Márquez y Alejandra Reynoso (PAN) y Silvia Beltrones (PRI).

En contra del Parlamento Abierto se posicionaron Patricia Mercado (MC) y Jesusa Rodríguez (Morena), quienes justificaron su voto diciendo que dichas reformas solo buscan armonizar la legislación con la Norma Oficial Mexicana 046, en materia de salud.

La iniciativa que pretende garantizar el aborto seguro como un derecho básico de salud fue presentada por las legisladoras morenistas Martha Lucía Mícher, Jesusa Rodríguez y Citlalli Hernández.

En el mismo sentido, pretende que las secretaría de Salud y Educación, en conjunto con los gobiernos estatales, desarrollen programas de educación sexual integral y reproductiva.

En lo que respecta a la Ley General de Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes, las legisladoras plantean la posibilidad de que, tanto negar y/o postergar el servicio de aborto seguro a mujeres menores de edad, así como forzar la continuación del embarazo y recomendar la esterilización, sean faltas sancionables.

Las senadoras también proponen que, a partir de los 13 años, la interrupción legal del embarazo no requiera el permiso de los padre so tutores de la menor, y en caso de que la autorización sea negada, que la autoridad judicial tome la decisión final.

En caso de que la Ley General de Salud sea modificada, los congresos locales estarían obligados a reformar sus legislaciones para no interponerse a las disposiciones establecidas en materia de salud.

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