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Tomás Zerón pide amparo para evitar ser arrestado por el caso Iguala

Tomás Zerón de Lucio, extitular de la Agencia Federal de Investigación (AIC), tramitó un amparo para protegerse de la orden de arresto que pesa en su contra por posibles irregularidades en la indagatoria sobre la desaparición de los 43 normalistas de Ayotzinapa. El juicio de amparo del exfuncionario fue promovido el 17 de junio ante el juez Octavo de Distrito en Amparo y Juicios Federales del Estado de México, Samuel Sánchez Sánchez, según consta en la lista de acuerdos del Consejo de la Judicatura Federal (CJF).

El amparo es para protegerse de los actos ordenados por el Juzgado Primero de Distrito en el estado de Guerrero, que giró una orden de aprehensión en contra de Tomás Zerón por tortura, desaparición forzada y delitos contra la administración de justicia a partir de los hechos ocurridos el 26 y 27 de septiembre de 2014 en Guerrero. El juez Octavo de Distrito deberá examinar el escrito de la demanda de amparo, y si se advierte alguna irregularidad, otorgará la protección al exjefe de la AIC, siempre y cuando este cumpla con los requisitos establecidos para tal efecto.

En marzo pasado se dio a conocer que la Organización Internacional de Policía Criminal (Interpol) ya había emitido una ficha roja para localizar al exfuncionario del gobierno de Enrique Peña Nieto. Fuentes de gobierno federal apuntaron a la posibilidad de que Tomás Zerón se ocultaba en Canadá, a donde supuestamente ingresó en octubre de 2019; es decir, seis meses antes de que se librara la orden de captura en su contra.

La orden de aprehensión se emitió, luego se que la Fiscalía General de la República (FGR) obtuviera pruebas de posibles violación a los derechos humanos y fabricación de pruebas en contra de los detenidos por la desaparición de los 43 normalistas. De hecho, las supuestas irregularidades en la investigación que realizó la AIC del caso Ayotzinapa dieron pie a que unos 60 detenidos obtuvieran su libertad debido a faltas al debido proceso penal. La Procuraduría General de la República (hoy Fiscalía) se basó en la indagatoria de la AIC para declarar la ‘verdad histórica’: que los 43 normalistas de Ayotzinapa habían sido incinerados en el basurero de Cocula, Guerrero, tesis que fue desestimada por expertos y forenses internacionales. Por este caso, Tomás Zerón es señalado de tortura, desaparición forzada y delitos contra la administración de justicia, por los que podría alcanzar una pena máxima aplicable de al menos 60 años de cárcel.

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