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Tribunal Electoral propuso comprar (otra vez) camionetas blindadas, pero Judicatura lo impidió

Aunque ya cuenta con un parque de nueve vehículos blindados para uso de los magistrados de la Sala Superior, el Tribunal Electoral federal pretendió, otra vez, comprar unidades blindadas nuevas, pero esta vez el Consejo de la Judicatura Federal (CJF) desautorizó la adquisición, que implicaría un gasto de 27.5 millones de pesos del erario.

La Comisión de Administración del TEPJF sometió a votación el pasado jueves un nuevo proyecto para comprar 10 camionetas blindadas SUV con los recursos que no ejercieron diversas áreas de la institución durante el cierre provocado por la pandemia. El tribunal estimó una bolsa de 45.8 millones de pesos conformada por dichos ahorros más los ingresos excedentes por rendimientos financieros que se generarían a lo largo del año.

Consultada al respecto, la Dirección de Comunicación Social del TEPJF negó que el proyecto de compra volviera a retomarse con el argumento de que no fue aprobado; además, insistió en que la situación de inseguridad pública ameritaba considerar la adquisición.

El proyecto de compra fue propuesto y apoyado por el magistrado Felipe Fuen9tes, presidente tanto de la Sala Superior como de la Comisión de Administración, y el magistrado José Luis Vargas Valdez, pero lo rechazaron de manera unánime los tres representantes del Consejo de la Judicatura Federal (CJF): Loretta Ortiz, Bernardo Bátiz y Jorge Cruz Ramos, por considerarlo un gasto innecesario que contraviene la política de austeridad de la actual administración.

La negativa derivó en un debate de tres horas en el que los magistrados Fuentes y Vargas intentaron convencer a los consejeros de la Judicatura de que la compra era no sólo necesaria sino urgente ante el clima de inseguridad en el país; incluso, Vargas deslizó que sería responsabilidad de los consejeros si algo le sucedía a él, según confirmaron fuentes de la Sala Superior a Animal Político.

El intento de comprar autos blindados se remonta a marzo, cuando, en plena emergencia por la pandemia de COVID-19, la Comisión de Administración aprobó la adquisición de ocho camionetas por 22 millones de pesos; no obstante, el acuerdo se echó atrás luego de que este medio reveló la intención de compra.

Ahora, en un contexto en el que las dependencias del gobierno federal han aplicado drásticos recortes a su gasto con la finalidad de ahorrar, el órgano jurisdiccional electoral volvió a proponer la compra de vehículos nuevos, pero ya no 8 unidades, sino 10, por un monto también mayor: 27.5 millones de pesos.

En el proyecto defendido por los magistrados Fuentes y Vargas, la Dirección General de Protección Institucional alegó que los nueve vehículos blindados que actualmente posee el TEPJF, que tienen una antigüedad de entre 6 y 10 años, ya se desgastaron y no garantizan una protección adecuada para los funcionarios que los utilizan.

Para sustentar la necesidad de renovar el parque de autos blindados, la propuesta señaló que el país atraviesa “una oleada de inseguridad que no cesa” y citó los atentados hacia dos funcionarios públicos de “muy alta exposición al riesgo”: el ataque en el que resultó herido el Secretario de Seguridad Pública de la Ciudad de México, Omar García Harfuch, el pasado 26 de junio, y el asesinato del juez penal Uriel Villegas Ortiz y de su esposa el 16 de junio en Colima.

El proyecto reconocía que la actividad jurisdiccional que desempeñan los juzgadores electorales implica un riesgo menor en comparación con la labor de los dos funcionarios citados, pero, aún así, sostenía que las sentencias del tribunal pueden afectar los intereses de actores políticos y ello provocar movilizaciones sociales violentas.

“De ahí que esta función, por sí misma, tiene implícito un riesgo, ya que esto podría animar a diferentes grupos o actores políticos a movilizarse y manifestarse como medida de presión a la Magistratura, en ocasiones a través de actos radicales”, se explicó en la propuesta.

Otro argumento para justificar la compra de camionetas blindadas es la existencia de “grupos terroristas con ideologías anarquistas” y la posibilidad de que los mismos partidos políticos estuvieran infiltrados por el crimen organizado, amén de las críticas en los medios de comunicación hacia la labor de los magistrados que generan opiniones adversas.

El proyecto señalaba que era mejor comprar las 10 camionetas blindadas en lugar de arrendarlas porque resulta menos costoso, en apego, supuestamente, a la política de austeridad actual. No obstante, durante la discusión de la Comisión de Administración, el consejero Bernardo Bátiz señaló que lo verdaderamente austero sería definitivamente no hacer la adquisición.

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