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De Anaya a Samuel García: el uso de la justicia contra candidatos

El lunes la FGR abrió una carpeta en contra de Adrián De la Garza y Samuel García, candidatos a la gubernatura de Nuevo León.

Tras el anuncio de la apertura de una investigación por delitos electorales a los candidatos de la gubernatura de Nuevo León, Samuel García (Movimiento Ciudadano) y Adrián de la Garza (PRI); la Fiscalía General de la República (FGR) suma otra carpeta abierta en tiempos de elección.

El lunes por la noche, la dependencia federal informó que inició una investigación a García y De la Garza, punteros en las encuestas rumbo a la gubernatura de la citada entidad, bajo el argumento de que cometieron distintos ilícitos electorales.

Las tarjetas de De la Garza

En el caso del abanderado priista Adrián De la Garza, la Fiscalía, encabezada por Alejandro Gertz Manero, abrió la carpeta de investigación por solicitar el voto femenino a su favor, a cambio de la entrega de las denominadas “tarjetas rosas”, las cuales presuntamente permiten obtener dinero en el caso de que dicho candidato gane las elecciones, lo cual significa la compra y coacción del voto.

Fiscalía General ‘entra a la elección’ y anuncia procesos contra Samuel García y Adrián de la Garza

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Dichas tarjetas entregadas por el candidato tricolor han sido criticadas y exhibidas por el presidente Andrés Manuel López Obrador en distintas ocasiones en sus conferencias matutinas.

“La carpeta de investigación, junto con todas las pruebas que ya se han recabado, se judicializará en breve, ante la autoridad correspondiente”, detalló la FGR al respecto.

Asimismo, la Fiscalía señaló que anteriormente ya se había denunciado la ilegalidad de este tipo de recursos para promover el voto; tal y como sucedió en la elección presidencial del 2012 con la entrega de monederos electrónicos por parte del priista Enrique Peña Nieto.

Caso Samuel García

En el caso de Samuel García, abanderado de Movimiento Ciudadano, la dependencia federal abrió una investigación en contra de él, su esposa Mariana Rodríguez Cantú, y de su suegro Jorge Rodríguez, debido a que se han recibido diversas denuncias por fondeo ilegal.

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La última de ellas procede de la Unidad de Inteligencia Financiera, de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, por recibir aportaciones monetarias o en especie, así como fondos o bienes obtenidos de manera ilícita, utilizados de forma ilegal para fines electorales.

Hay que recordar que desde el 2019, el senador con licencia era investigado por la dependencia por presuntas operaciones con recursos de procedencia ilícita y delitos fiscales.

En su momento, el INE fue avisado del financiamiento electoral ilegal por la Unidad de Inteligencia Financiera, luego de que se detectaran transferencias dirigidas a cuentas del partido Movimiento Ciudadano.

De acuerdo con Animal Político, entre las anomalías financieras de García hay depósitos de 26 millones de pesos provenientes de una empresa fantasma, así como 170 millones triangulados entre firmas sospechosas de lavado de dinero. Además de consumos por más de 18 millones de pesos con tarjetas de crédito y múltiples retiros por varios millones en efectivo, según la investigación del referido portal.

García y De la Garza, no son los únicos: Ricardo Anaya

Rumbo a las elecciones presidenciales en 2018, la Procuraduría General de la República (PGR) decidió abrir una carpeta de investigación en contra del abanderado del Partido Acción Nacional (PAN), Ricardo Anaya, por el supuesto delito de lavado de dinero, relacionado por la compra-venta de una nave industrial.

Desde un principio, el candidato panista rechazó la acusación y aseguró que fue víctima de un “sabotaje” planeado desde el gobierno federal de Enrique Peña Nieto, lo que le costó varios votos en las elecciones.

En su momento Anaya expresó su descontento con la denominada ‘Guerra Sucia’, ya que dos días antes de la conclusión del sexenio pasado, la PGR cerró la carpeta de investigación en contra del ex abanderado de la coalición “Por México al Frente”, luego de señalar que no existían pruebas suficientes para proceder judicialmente.

“No existen datos de prueba suficientes aún de manera circunstancial que permitan acreditar el hecho con apariencia de delito de operaciones con recursos de procedencia ilícito, por el contrario, se estableció la existencia de los recursos y que devienen de un crédito”, indicó la PGR el pasado 28 de noviembre del 2018, según una publicación de Reforma.

“Nunca me atrevería a decir que si los infundios no hubieran ocurrido yo hubiera ganado la elección; pero sinceramente creo que el resultado sí hubiera sido más cerrado y que tendríamos contrapesos en las Cámaras del Congreso”, explicó Ricardo Anaya al referido medio.

Vázquez Mota investigada en 2017

En el marco de las elecciones a la gubernatura del Estado de México en 2017, la PGR abrió una investigación en contra de la candidata del PAN, Josefina Vázquez Mota y su familia por el presunto ilícito de lavado de dinero.

La dependencia federal detalló en su momento, según una nota de El Universal, que la familia de la panista recibió más de 17 millones de pesos de empresas que durante el 2013 fueron denunciadas por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público por el trasiego de más de 400 millones de pesos de presunto origen ilícito.

Acorde con la SHCP, la familia de Vázquez Mota recibió 17 millones de Smart Bussines Consuting Sima y 1.8 millones de Bolshoye, empresas catalogadas por la UIF como empresas fachada, es decir, sociedades mercantiles aparentemente legales que encubren actividades ilegales y que existen solo en papel.

Posteriormente, la PGR informó que exculpó a la panista de la investigación. Sin embargo, el daño a su campaña ya estaba hecho.

El desafuero de AMLO en 2004

En 2004, el gobierno de Vicente Fox responsabilizó al gobierno del Distrito Federal, encabezado por Andrés Manuel López Obrador, de violar una orden judicial que exigía la suspensión de la construcción de una calle en un terreno expropiado años atrás por gobiernos anteriores.

A pesar de que los trabajos fueron suspendidos, el presidente panista alegó que el cumplimiento de la orden había sido dilatorio y se responsabilizó directamente al tabasqueño por ello, quien era serio contendiente rumbo alas elecciones presidenciales del 2006.

En consecuencia, el gobierno federal solicitó a la entonces Procuraduría General de la República (PGR) un juicio de desafuero al Congreso de la Unión para que López Obrador respondiese ante la justicia por sus presuntas responsabilidades.

Tras las movilizaciones de la población en favor de AMLO y el creciente enojo ante el gobierno de Vicente Fox, el Ministerio Público Federal fijó una fianza de dos mil pesos para el jefe de gobierno del DF, la cual fue pagada por los diputados locales del PAN, Gabriela Cuevas y Jorge Lara.

Intervenciones de la PGR y FGR contra candidatos

En 2015 la Unidad Especializada en Investigación de Delitos Contra la Salud de la PGR ordenó una investigación urgente contra el panista Mario Alberto Cruz González, candidato a diputado federal por el Distrito 2 con cabecera en Zacatlán, Puebla, por presunto narcotráfico y estar ligado al Cartel de Jalisco.

Un año más tarde, la PGR a través de la FEPADE, abrió una carpeta en contra del ex futbolista Cuauhtémoc Blanco por falsificación de documentos, uso indebido de documentos electorales y otorgamiento de documentación falsa.

Durante su candidatura con el Partido Social Demócrata (PSD) a la alcaldía de Cuernavaca en 2015, Blanco Bravo presentó documentación falsa, argumentando que tenía más de 10 años residiendo en Morelos. Además de que presuntamente recibió 7 millones de pesos, por parte de la dirigencia del partido, a cambio de postularse.

Tras enviar la información al INE, el organismo autónomo descartó, tras una investigación de la Unidad Técnica de Fiscalización, que el ex futbolista haya recibido sobornos a cambio de ser candidato.

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