Avance

Igualan outsourcing a crimen organizado

A través de la Procuraduría Fiscal, el Gobierno Federal indaga a seis mil firmas de subcontratación abusivas que evaden hasta 21 mil millones de pesos. Prevén penas de 20 años de prisión

El gobierno federal, a través de la Procuraduría Fiscal de la Federación, irá tras el outsourcing ilegal y los delitos por evasión fiscal serán equiparables a delincuencia organizada y de seguridad nacional.

El procurador Fiscal de la Federación, Carlos Romero Aranda, afirmó que las personas que presten ese servicio ilegal pueden ser sancionados con prisión preventiva y oficiosa, con lo cual pueden llegar a recibir hasta 20 años de cárcel.

Además, advirtió, quienes contraten el servicio de outsourcing ilegal pueden correr el riesgo de que se les inicie una investigación, se presente una querella, gire una orden de aprehensión y ser sancionado con 14 años de cárcel.

La secretaria del Trabajo, Luisa María Alcalde, estimó que hay cerca de seis mil empresas de subcontratación abusiva que pudieran estar afectando los derechos de los trabajadores y evadiendo un monto aproximado de 21 mil millones de pesos anuales.

Agregó que estas prácticas de subcontratación precarizan el mercado laboral y la mano de obra, lo que afecta a los trabajadores.

(Afecta de) entrada, la estabilidad en el empleo. El pago de reparto de utilidades, la antigüedad de los trabajadores, ingresos por primas, aguinaldo, liquidaciones.

El director del IMSSZoé Robledo, informó que de septiembre a diciembre de 2019, detectaron mil 200 empresas con posibles esquemas de subcontratación ilegal que concentran a cerca de 860 mil trabajadores con probable afectación en sus derechos laborales y de seguridad social.

En estos operativos se han detectado a 10 mil trabajadores subcontratados ilegalmente y a cerca de 36 empresas subcontratistas involucradas, dijo.

Alfonso Bouzas, investigador en materia laboral de la UNAM, explicó que este esquema de outsourcing ha afectado las condiciones laborales de las personas, pues se ha utilizado para precarizar la situación de los trabajadores.

Es una estrategia perversa, porque en muchos casos dan de alta a los trabajadores con el salario mínimo, a pesar de que ganen más; además las compañías evitan responder ante los empleados por conflictos laborales porque la que los contrata es la terciarizadora.

El diputado de Morena, Alfonso Ramírez Cuéllar, consideró que el outsourcing ilegal ya está penalizado en la ley, y se debe aplicar para sancionar a empresas que utilizan este mecanismo, con la finalidad de no pagar cuotas patronales, impuestos, o hasta el empleo de facturas falsas.

Jorge Sales Boyoli, socio fundador del Bufete Sales Boyoli, dijo que es necesario evitar caer en excesos a la hora de castigar el outsourcing.

Preocupa que un país, para que pueda erradicar una conducta, la penalice y entonces puede pasar fácilmente de ser un Estado represor a uno dictador y que pueda haber excesos en el camino… no basta con solo criminalizar.

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