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La madre explotaba sexualmente a sus hijas. ¿La vía? web. ¿Por qué? Por dólares [El caso Colombia]

Más de 5 mil páginas con material de abuso sexual infantil y contenido malicioso fueron bloqueadas por las autoridades en 2020.

Agencias

Ciudad de México

 

En la Increíble y Triste Historia de la Cándida Eréndira y su Abuela Desalmada escrita por Gabriel García Márquez, una adolescente que es criada por la madre de su padre se convierte en su víctima cuando esta decide, sin ningún remordimiento, prostituirla para hacerla pagar el valor de la casa que perdió en un incendio.

Es posible que ni la experiencia de García Márquez en visibilizar el tema de la prostitución de menores de edad en países del Caribe y Sudamérica, como lo hizo en esta novela corta, lo hubiera preparado para imaginar la dimensión del abuso sexual que hoy padecen niñas, niños y adolescentes, a través de la internet y a manos de quienes más deben protegerlos en el hogar: su madre.

 

Por ello que cuando el FBI detuvo a Justin Laurence McKinley a mediados de 2016, considerado uno de los mayores consumidores de pornografía infantil en Estados Unidos, no solo se sorprendió al descubrir que muchos de los proveedores del contenido sexual que consumía también provenían desde el extranjero. Cinco años después de intensas investigaciones que iniciaron en 2015, la agencia de inteligencia en el Distrito de la Florida detectó que la ubicación de uno de sus principales productores y creadores de contenido de abuso sexual infantil se encontraba en Colombia.

Esto llevó al FBI a alertar a la Dirección de Investigación Criminal e INTERPOL (DIJIN) de la Policía en ese país, quienes ya para octubre de 2020 habían localizado la dirección IP desde la que se hicieron transmisiones de material de abuso sexual infantil. Fue allí cuando dieron con la residencia física de una madre que vivía en un barrio de la comuna 12 del municipio de Ibagué, ubicado en el centro-occidente del país.

Fue “un proceso investigativo de ocho meses teniendo como ubicación el Departamento de Tolima y en el que se evidencio que era la misma mamá quien estaba abusando de sus niñas carnalmente para producir ella misma ese material de abuso sexual infantil, el cual distribuía al interior y exterior de Colombia”, informó la capitana Luz Amparo Pinto Rivera, jefa del grupo investigativo de la división que evalúa los delitos relacionados a la captación de niños niñas y adolescente para fines de explotación infantil del Centro Cibernético Policial de Colombia.

 

Tanto la comunidad como las propias autoridades y también miembros del Centro Cibernético de la Policía Nacional de Colombia (CAIVIRTUAL) se encontraron con la desagradable sorpresa de que la madre de 40 años, quien se hacía pasar por modelo webcam, explotaba sexualmente a sus dos hijas menores de edad, a cambio de dólares. Un operativo realizado por la policía colombiana ubicó y cateó el domicilio de la infractora, donde encontraron una habitación acondicionada con una cámara fotográfica y de video, una computadora y diversos juguetes sexuales con los que producía contenido para depredadores.

Uno de sus principales compradores y clientes fue McKinley, de 49 años, a quien el FBI le confiscó más de 600 videos y 6 mil 800 fotos de pornografía infantil que datan de enero del 2014 y diciembre de 2015. De acuerdo con el departamento de Justicia, McKinley envió 100 transferencias electrónicas de fondos por un total de 31 mil 415 dólares a las personas que abusaron sexualmente de los niños en “shows sexuales” en streaming, como los que hizo esta madre en contra de sus hijas.

Para ese entonces, las pequeñas contaban con cuatro y menos de 10 años y fueron grabadas en videos por ella, quien los enviaba, entre otros, al reconocido depredador sexual en Estados Unidos.

 

McKinley admitió que pagó para solicitar a otros adultos que abusaran de niños, a veces cometidos por sus propios padres como sucedió en Colombia, con el fin de que lo transmitieran en vivo. Entre las víctimas que fueron grabadas en los videos se encuentran desde un recién nacido hasta niños y niñas de 8 años. El hombre llegó incluso a recopilar un disco duro externo que contenía al menos 613 videos y 6,846 imágenes de abuso sexual contra niños. Algunas de las cuales eran grabaciones de sesiones que se hicieron en streaming como las promovidas por la madre de Ibagué.

Lo sucedido en Tolima es un ejemplo más de cómo el cibercrimen opera sin fronteras cuando pone en marcha una industria criminal que se nutre de la captación de víctimas para la promoción y distribución del material de abuso sexual infantil on line. En este lugar, la comunidad se ha visto impactada también por el caso de una niña de 10 años, quien dio a luz en diciembre de 2020, luego de sufrir abusos desde los ocho años.

La pandemia del coronavirus vino también a potenciar las actividades delictivas que se cometen tanto en el hogar, donde ocurren la mayoría de los delitos sexuales, como en la internet.

 

Tal como lo advirtió el CAIVIRTUAL, organismo que depende del Ministerio de la Defensa, y considerado la primera iniciativa en Iberoamérica en atención en línea policial, en el año 2020 el cibercrimen sofisticó su actuar delictivo para utilizar la tecnología disponible a su favor. Así lo muestran las estadísticas como evidencia del alcance que tuvieron estos delitos en un país que registra 24,3 millones de conexiones a internet, según datos del Ministerio de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones.

El informe de tendencias del cibercrimen del primer trimestre de 2020 reporta que la Fiscalía General de la Nación recibió 67 casos nuevos cada 24 horas relacionados al cibercrimen, donde destacaron el envío de correos electrónicos fraudulentos, de mensajes de texto y cadenas de WhatsApp con enlaces maliciosos.

Ya a 100 días de la pandemia del COVID-19 el Centro de Capacidades para la Ciberseguridad comprobó la existencia de 3 mil 431 páginas con material de abuso sexual, 316 alertas generadas en redes sociales, 44 capturas, 501 Portales de Malware bloqueados (programas malignos) y 13 capturas de pornografía infantil.

 

“Muchos de los casos se presentan por personas conocidas de las víctimas como familiares o personas allegadas a estos niños. Otras modalidades son adultos que se hacen pasar por un niño o adolescente y contacta a niños para ganarse su confianza” en lo que se conoce como el delito de grooming, informó la funcionaria Pinto Rivera.

 

En la pandemia el CAIVIRTUAL también detectó casos de “Zoombombing” durante clases virtuales para menores, una nueva modalidad en la que una persona desconocida se conecta a una reunión de Zoom para compartir en pantalla material relacionado con el abuso y la explotación sexual infantil. En cuanto a las denuncias de pornografía infantil, el CAIVIRTUAL contabilizó 1.176 incidentes de los 11 mil 950 registrados en total y 7 mil 862 correos gestionados durante 2020.

Las zonas más afectadas del país por este delito la encabezan la capital, Bogotá, con 444 casos (38 por ciento). Le siguen las ciudades de Medellín con 205 reportes (17 por ciento), Cundinamarca con 98 informes (8 por ciento), Cali con 72 (6 por ciento) y Bucaramanga con 55 (5 por ciento), según fuentes del Sistema de Información Estadístico, Delincuencial, Contravencional y Operativo de la Policía Nacional.

 

Juan David Valderrama, director de ciberseguridad y riesgos de Gama Ingeniero, una empresa de asesoría en servicios de Tecnologías de la información y Consultoría y Telecomunicaciones resaltó que en 2020 se ha visto un incremento importante en las actividades de sexting y grooming en las diferentes redes sociales, lo que “evidencia que se ha triplicado el tráfico de material de explotación sexual de niños, niñas y adolescentes”, expresó.

Un estudio de la organización Guardianes Colombia, que tiene como misión el desarrollo afectivo y sexual de niños y adolescentes, muestra que de los 400 jóvenes encuestados entre el 28 de mayo y 3 de junio de 2020, 97 por ciento aseguró que aumentó el tiempo de actividades que permaneció conectado en la red derivado del confinamiento. El mismo documento indica que 16 por ciento de los jóvenes han visto videos para adultos y 2 por ciento ha practicado el sexting, una actividad muy usada por empresas dedicadas al crimen organizado advirtió Valderrama.

 

“Los agresores lo hacen mediante cuentas fraudulentas y diversas técnicas para hacerse pasar por otras personas. En algunos casos piden dinero. Hemos visto casos más aberrantes donde los padres o padrastros acceden a facilitar el abuso e incluso obligarlos a trabajar”, apuntó el también ingeniero de Sistemas con más de 17 años de experiencia en servicio de internet y seguridad de la información.

PLATAFORMAS DIGITALES

Las autoridades colombianas siguen alertando sobre el incremento en el uso de cuentas falsas en las redes sociales como Twitter y Facebook que son usadas para generar contenidos de manera automatizada, masificando las cifras de infección de malware (software malicioso) y, por ende, también de material de abuso sexual infantil. En 2020 el Centro Cibernético Policial contabilizó al menos 1.045 casos en 102 portales relacionados con contenido malware.

“Facebook es una de las redes de mayor riesgo y preocupación porque los ciberdelincuentes están ahí siempre para cometer su delito siempre. Sin embargo, todas las que tienen datos representan igual un peligro”, señaló la capitana Luz Pinto Rivera.

A su vez, los depredadores sexuales se valen de crear y usar nuevas maneras más sofisticadas para pasar desapercibidos al perpetrar sus delitos, a través de tecnología y diversos recursos y aplicaciones. En Colombia las autoridades han detectado otras plataformas como “KIK” utilizadas para recabar material de abuso infantil que se da por el intercambio y cuyo espacio sirve también para almacenar dicho contenido.

 

“Generalmente el delincuente va a la vanguardia para cometer estos delitos, se adelantan e inventan modalidades cada día para salirse con su objetivo”, expresó Pinto Rivera.

 Valderrama agregó que entre las técnicas que usan los agresores para cometer estos crímenes se encuentran la esteganografía que permite aplicar herramientas sofisticadas para ocultar mensajes dentro de otros como por ejemplo imágenes o links, en los no se puede ver a simple vista lo que realmente se está transmitiendo y el cual puede ser imperceptible para encontrar pornografía infantil.

Al respecto, los hallazgos de distribución y captación de víctimas del material abuso sexual infantil llevó a las autoridades en 2020 a bloquear 5.165 páginas con material de abuso sexual infantil con contenido malicioso y 482 portales suspendidos. Además, de realizar 27 capturas por el delito de pornografía con menor de 18 años; bloquear 12 perfiles y atender más de mil denuncias, según el balance criminal de la política cibernética de Colombia.

 

“En Colombia tenemos la lamentable cifra de cada 22 minutos se está agravando a un menor de edad, ya sea víctima de abuso o que sea expuesto a la publicación de contenidos donde el protagonista siempre es un menor”, precisó Alexander Díaz García, abogado de la Universidad Católica de Colombia y autor de la Ley de delitos informáticos 1273 de 2009 de Delitos Informáticos en Colombia.

El especialista llama la atención sobre los casos que han registrado en la nación durante 2019 como indicativo del alcance de los ciberdelitos que se inician a partir del abuso sexual.

 

“Para tener un ejemplo basta ver lo que pasó en 2019 cuando 18 mil 435 mujeres y 3 mil 429 hombres fueron víctimas de abuso sexual. De ellos el rango de edades fue de 0 a 6 años 1 mil 695 niños; de 6 a 12 de edad 6.550 y de 0 a 18 años 11 mil 67 jóvenes”, comentó Díaz en relación con los datos oficiales ofrecidos por las autoridades.

Según cifras del Instituto Nacional de Medicina Legal y Forense durante los meses de enero y octubre de 2020 se registraron 12,874 casos de violencia sexual infantil. Datos oficiales advierten que 37 menores son víctimas de esta violencia a diario, según el Instituto Colombiano de Bienestar Infantil.

 

LOS TENTÁCULOS DEL CRIMEN ORGANIZADO

Detrás de las actividades que conllevan el consumo y la difusión de material de abuso sexual infantil se crean oportunidades para empresas del crimen organizado “que se lucran del interés de satisfacerse a través de estos medios”, destacó Díaz García, especialista en Ciencias Penales y Criminológicas de la Universidad Externado y Ciencias Constitucionales y Administrativas de la Universidad Católica.

“El que graba, pública, sube y ofrece los contenidos forma parte de una gran organización donde cada uno hace una tarea, unidos en un concierto para delinquir”, aseguró.

El también especialista en ciberseguridad de la Universidad de León y el Instituto Nacional de Ciberseguridad de España señala que con la pandemia del coronavirus los delincuentes aprovecharon para tener un mayor contacto con los niños para hacer dinero.

 

“Esta es una actividad rentable e internacional, donde hay un mercado en el que se ofrecen servicios de venta de esos videos. Lo vemos en lugares como Medellín, Cali y Bogotá donde se encuentran empresas criminales que hacen contacto con estos niños, quienes incluso llegan a ser ofertados para servicios de turismo sexual en zonas como Cartagena de Indias”, detalló.

Los agresores tienen diferentes perfiles que van desde ser maestros, pasando por abogados, instructores deportivos, así como todos aquellos que ejercen labores relacionadas o cercanas a niños, niñas y adolescentes, apuntó Díaz García, autor de tres libros sobre ciberseguridad, derecho informático y ciencias penales.

 

“Muchas de las actuaciones de los pederastas y pedófilos se hacen bajo la extorsión. La ley que se insertó con el código penal establece tanto la responsabilidad penal como los procedimientos especiales para atender a niños y adolescentes que han sido víctimas. Es un avance importante que se logró desde que el código penal, en su subtitulo cuarto que habla de los delitos contra la libertad, integridad y sexual, señala la explotación sexual e incluye la pornografía hacia personas menores de 18 años”.

Esto quiere decir que aquellos que incurran en actividades como fotografiar, filmar, grabar, producir, divulgar, ofrecer, vender, comprar, almacenar, transmitir, usar, poseer o portar por cualquier medio el intercambio de material de una persona menor de edad puede pagar entre 10 a 20 años de prisión, así como una multa de 150 a 1.500 pesos anuales. Tomando en cuenta que el salario mínimo en Colombia es de 300 dólares, pues “una publicación explícita de la intimidad de las personas se constituye también una violación de datos personales al violar el derecho a la intimidad a estos niños y adolescentes que son víctimas”, argumentó.

 

EL ENGAÑO EN REDES QUE TERMINA EN TRATA 

En Colombia las autoridades siguen atendiendo casos en los que los tentáculos del cibercrimen han tenido como consecuencia la trata de personas mediante la utilización de las redes sociales, donde se ofrecen anuncios con ofertas engañosas que finalmente buscan la explotación sexual, explicó la mayor Sol Leydy Cano Mondragón, jefa del grupo investigativo contra Delitos Sexuales y la Familia de la Dirección e Investigación Criminal de la Interpol Colombia.

“La red social se utiliza para conocerse y también para realizar ofertas laborales. Los casos de trata de personas se presentan en diversas modalidades con fines sexuales que incluyen explotación laboral, tráfico de órganos e incluso el matrimonio servil”, afirmó.

Uno de los modos más frecuentes de operar para quienes realizan estos crímenes es captar a las víctimas, “enamorarlas” y establecer una relación sentimental con ellas, tal como la han determinado las autoridades colombianas en los diferentes casos atendidos en el país.

Las contactan por cualquier plataforma como Instagram, Facebook, entre otras. Se ha podido comprobar que la víctima cree que encontró a su pareja ideal y con ella la posibilidad de irse a otro país y acceder a documentos como visa y residencia, argumentó Cano Mondragón.

 

“Cuando viajan efectivamente la persona le cambian las condiciones de vida, puede que se case o se las lleven para hacerla su esclava, no solo en la parte sexual sino también en las labores de la casa. Muchas mujeres latinas como mexicanas, brasileñas, salvadoreñas, guatemaltecas y venezolanas terminan siendo víctimas de matrimonios serviles”.

Esto también suelen suceder en ciertas culturas indígenas donde se ha naturalizado la entrega de las niñas en uniones con adultos que son acordadas por los padres. Colombia no escapa de ello. En este escenario, un hombre mayor se casa con una niña y la hace su sirvienta como ocurre en comunidades indígena, donde predomina el machismo, los matrimonios arreglados y las costumbres donde se ha normalizado, alertó la funcionaria.

 

“Los niños colombianos que son víctimas del comercio sexual son objeto de todo tipo de perversiones degradantes incluyendo la pornografía infantil, el abuso sexual, la violencia sádica, etc. El sistema legal del país es débil en este aspecto y carece de credibilidad para prevenir y perseguir el delito. Sin embargo, juicios recientes y otras medidas, están dando esperanzas de que se tomaran medidas más severas y enérgicas para reforzar la ley y castigar a los futuros infractores”, dijo la ONG Humanitarian que vela por el bienestar de personas que son víctimas de conflictos armados, hambrunas y desastres naturales.

Ante este contexto la tarea de prevenir los delitos que se dan en las plataformas digitales requiere de una mayor colaboración por parte de las empresas tecnológicas, añadió la capitana Luz Amparo Pinto Rivera, en especial por el retraso que con frecuencia experimentan las investigaciones de las policías cibernéticas cada vez que reportan la difusión de material de abuso sexual infantil en redes sociales.

 

“A veces uno tiene que enviarle los anexos de las comunicaciones y no las contestan a tiempo, sería importante que esas empresas fueran más colaboradoras en casos tan sensibles como estos donde se afectan a niños, niñas y adolescentes”, sentenció.

*Esta investigación fue realizada por un equipo de periodistas, integrantes del Diplomado de Periodismo de Datos y Técnicas de Investigación –enfocadas al crimen organizado–, que fue impartido por la Escuela de Periodismo Carlos Septién García en la Ciudad de México.

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