Avance

Se lanza AMLO otra vez contra juez Fierro

Por otorgar primer amparo contra registro de datos biométricos

El presidente Andrés Manuel López Obrador criticó al juez Juan Pablo Gómez Fierro por conceder la suspensión provisional a un ciudadano que inició un juicio de amparo contra la implementación del Padrón Nacional de Usuarios de Telefonía Móvil, recientemente aprobado por el Congreso.

“Lo mismo de la defensa de los medios de comunicación al servicio de estas minorías rapaces es el caso de los jueces, magistrados y ministros, con honrosas excepciones. Este juez que otorga así rápido amparos, por lo de las tarjetas telefónicas a las empresas, es el mismo juez que ampara a las empresas eléctricas”, dijo en conferencia matutina.

“Yo soy muy respetuoso de la división y el equilibrio de los poderes, la autonomía, la independencia de los poderes. Pero si hace falta una reforma en el poder judicial, ¡urge! una reforma al Poder Judicial”.

El primer mandatario sostuvo que con los cambios propuestos al Poder Judicial se agruparon todos los defensores del status quo.

“Los que no quieren la transformación, pero afortunadamente está esa iniciativa en el Congreso, va a decidir la Cámara de Diputados, hay que esperar, y suceda lo que suceda nosotros tenemos la obligación de dar a conocer nuestras posturas”, manifestó.

Previamente, Ricardo Mejía Berdeja, subsecretario de Seguridad Pública, afirmó que el objetivo del Padrón Nacional de Usuarios de Telefonía Móvil es la seguridad y no un modelo comercial que defiende un “juez a modo, un juez de contentillo, quedabien”.

Desde Palacio Nacional, dijo que nueve de cada 10 llamadas de extorsión son hechas con teléfonos de prepago, igualmente para cometer secuestros, delitos de trata de personas y en general para diferentes actividades criminales, de ahí la necesidad de hacer el padrón.

En este sentido, Mejía Berdeja recordó que en la detención que se realizó hace unos días en el fraccionamiento Chapalita II, en Jalisco, se detuvo a 33 personas que tenían secuestradas a siete personas y en donde, junto a armas, se encontraron SIM de tarjetas de prepago para comunicarse y cometer secuestros.

Indicó que algunos grupos de interés, sus personeros y sus corifeos han querido posicionar el tema de los datos biométricos; sin embargo, aclaró que para el Gobierno de México la huella digital es suficiente, y subrayó que esta ya se usa en diversos mecanismos de identificación y servicios en aplicaciones.

Argumentó que la posición contraria a la integración del padrón, es porque hay quienes defienden un modelo de venta y la 4T defiende un modelo de seguridad.

La suspensión provisional otorgada por Gómez Fierro servirá para que el ciudadano no tenga la obligación de registrar su línea telefónica móvil en el padrón y, en consecuencia, no le sea cancelada por su falta de registro.

El juez apuntó que establecer la obligación de registrar los datos personales y biométricos (huellas digitales, el iris, rostro o retina) para tener una línea de telefonía constituye una norma susceptible de suspenderse, porque obliga a los ciudadanos a actuar en determinado sentido.

Juan Pablo Gómez Fierro recientemente también frenó la Ley Eléctrica del presidente López Obrador. Tras esto, en la mañanera del 15 de marzo, AMLO pidió al presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) y del Consejo de la Judicatura Federal (CJF), Arturo Zaldívar, investigar al juzgador.

“De manera respetuosa y en observancia al principio de separación de poderes, le solicito que el consejo que usted preside determine e informe si a la autoridad judicial mencionada le correspondía o no aplicar de manera oficiosa la suspensión a quienes lo solicitaron y si es de su competencia o no resolver sobre este caso”, leyó en una carta dirigida a Zaldívar y la cual fue proyectada en el Salón de Tesorería.

“Asimismo, y si mi petición es legalmente procedente, solicito que el Consejo de la Judicatura lleve a cabo una investigación para esclarecer la actuación del juez Gómez Fierro en este episodio. No omito manifestarle que alrededor de este asunto actúan personas, organizaciones y empresas afines al antiguo régimen que, en función de sus conocidos intereses económicos y políticos, tenían como modus operandi la corrupción y el influyentismo, con lo que han afectado gravemente la hacienda pública y la economía de la mayoría de los mexicanos; en especial, de los más pobres”.

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